Abogados mercantilistas
en Lorca y Murcia

Depende de la actividad, el número de socios, la inversión inicial y la responsabilidad que quiera asumir. La Sociedad Limitada (SL) es la opción más habitual para pymes por su flexibilidad y porque limita la responsabilidad al capital aportado (mínimo 1 euro desde 2022). La Sociedad Anónima (SA) exige 60.000 euros de capital y se reserva para proyectos grandes. El autónomo o la comunidad de bienes pueden encajar en negocios pequeños, pero no limitan la responsabilidad. Analizamos su caso para elegir la forma jurídica y fiscal más ventajosa.

La vía más rápida es el procedimiento monitorio, que permite reclamar deudas documentadas (facturas, albaranes, contratos) sin límite de cuantía. Si el deudor no paga ni se opone en 20 días, se puede pasar directamente a la ejecución y el embargo. Si se opone, el asunto continúa por el procedimiento que corresponda según la cuantía. También es recomendable un requerimiento previo de pago, que muchas veces resuelve el impago sin necesidad de demanda y permite reclamar intereses de demora.

El concurso de acreedores es el procedimiento para una empresa o persona en situación de insolvencia, es decir, que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. El administrador tiene la obligación legal de solicitarlo dentro de los 2 meses siguientes a conocer la insolvencia; no hacerlo a tiempo puede acarrear responsabilidad personal. El concurso permite reestructurar la deuda, negociar con los acreedores o, en su caso, liquidar ordenadamente. Cuanto antes se actúe, más opciones de salvar la actividad.

No son obligatorios, pero son muy recomendables. El pacto de socios regula aspectos que los estatutos no cubren o no conviene hacer públicos: reparto de dividendos, mayorías reforzadas, cláusulas de salida, derecho de adquisición preferente, no competencia y resolución de conflictos. Previenen bloqueos societarios y litigios entre socios, que son la principal causa de fracaso de muchas empresas. Redactarlo desde el inicio, cuando hay buena relación, evita problemas graves más adelante.

El administrador responde frente a la sociedad, los socios y los acreedores por los daños causados por actos contrarios a la ley o a los estatutos, o realizados sin la diligencia debida. Esta responsabilidad puede llegar a ser personal y con su propio patrimonio, especialmente si no solicita el concurso a tiempo, no formula las cuentas anuales o no convoca junta ante pérdidas que reduzcan el patrimonio neto. Asesoramos a administradores para cumplir sus obligaciones y minimizar riesgos.